Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación (PFF), presentó las denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita a los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y al empresario Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, pese a que es una facultad y atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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